Durante la audiencia de juzgamiento, la Fiscalía sostuvo que Aquiles Álvarez y los demás procesados habrían participado en una presunta red dedicada a la comercialización ilegal de combustibles subsidiados, utilizando varias empresas para ejecutar las operaciones investigadas. Según el Ministerio Público, estas acciones habrían ocasionado un perjuicio millonario al Estado.
Por ello, el fiscal del caso solicitó al Tribunal imponer la pena máxima de 6 años y 9 meses de prisión para Aquiles Álvarez y otros procesados, además de ordenar la disolución y clausura definitiva de las seis compañías involucradas. También pidió el pago de multas y una reparación integral a favor del Estado.
La defensa del alcalde de Guayaquil ha rechazado las acusaciones y sostiene que no existen pruebas que demuestren la existencia de una estructura delictiva ni operaciones ilícitas. Tras concluir los alegatos de las partes, el Tribunal deberá analizar los argumentos y emitir su resolución en los próximos días.
