La Fiscalía General del Estado pidió al Tribunal de Garantías Penales declarar culpables a Aquiles Álvarez y al resto de procesados en el caso Triple A, al considerar que durante el juicio se demostró la existencia de una presunta estructura dedicada a la comercialización ilegal de combustibles subsidiados. La fiscal Ruth Amoroso solicitó aplicar la pena máxima de 6 años y 9 meses de prisión, con agravantes, para los principales implicados.
Según la acusación, entre 2020 y 2024 se habría desviado diésel subsidiado hacia segmentos no autorizados mediante un esquema que involucró a varias empresas relacionadas entre sí. La Fiscalía sostiene que estas operaciones ocasionaron un perjuicio económico al Estado al aprovechar recursos destinados al subsidio de combustibles.
Además de las penas de prisión, el Ministerio Público requirió la disolución y clausura definitiva de las seis empresas procesadas, el pago de multas equivalentes a 12 salarios básicos por cada sentenciado y una reparación integral por los daños materiales e inmateriales que, según la acusación, fueron ocasionados al Estado.
Por su parte, la defensa de Aquiles Álvarez rechazó las acusaciones y aseguró que durante el juicio no se acreditó la existencia de una comercialización ilegal de combustibles ni la responsabilidad penal del alcalde de Guayaquil. Concluidos los alegatos de las partes, el Tribunal entró en etapa de deliberación y deberá emitir su sentencia en los próximos días.
