La Asamblea Nacional aprobó un informe de fiscalización que identifica alertas sobre el patrimonio de 95 alcaldes y prefectos de Ecuador. El documento fue aprobado el martes 27 de octubre de 2026, con 83 votos a favor, y recomienda remitir los expedientes a los organismos de control para que realicen las investigaciones correspondientes.
El análisis fue elaborado por la Comisión de Gobiernos Autónomos y revisó información relacionada con las declaraciones patrimoniales de las autoridades seccionales del periodo 2023-2027.
41 autoridades en alerta roja y 54 en naranja
El informe clasifica los expedientes en distintas categorías, según el nivel de alerta identificado durante la revisión.
- Alerta roja: 41 expedientes, correspondientes a 34 autoridades cantonales y siete provinciales.
- Alerta naranja: 54 expedientes, que incluyen 49 autoridades cantonales y cinco provinciales.
Estas categorías responden a posibles inconsistencias patrimoniales y otras observaciones que requieren revisión por parte de las entidades competentes.
Los nombres se mantendrán bajo reserva
Una de las recomendaciones aprobadas establece que no se hagan públicos los nombres de las 95 autoridades observadas. Los expedientes serán identificados mediante códigos al momento de remitirlos a las instituciones correspondientes.
La medida se adoptó en medio de cuestionamientos sobre el posible uso político del informe, debido a la cercanía de las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026.
¿Qué entidades recibirán el informe?
La Asamblea recomienda remitir la documentación a la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Estas instituciones deberán evaluar los expedientes dentro de sus competencias y determinar si corresponde iniciar investigaciones, realizar auditorías o profundizar los análisis financieros.
El informe también plantea que las entidades de control comuniquen a la Asamblea los primeros avances en un plazo máximo de 15 días.
La clasificación de una autoridad en alerta roja o naranja no demuestra por sí sola la existencia de un delito ni determina su responsabilidad. Corresponderá a los organismos competentes verificar la información y establecer si existen irregularidades.
