Un informe titulado “Captura carcelaria. La gobernanza criminal en el sistema penitenciario del Ecuador”, presentado por el investigador Renato Rivera Rohn con el aval de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), revela que las cárceles ecuatorianas funcionan como centros de acumulación económica para grupos criminales.
El estudio concluye que la violencia en prisión se ha convertido en un “negocio”, donde todo tiene un precio: desde el traslado a pabellones menos violentos (hasta USD 1.500), el ingreso de colchones (USD 200) o medicinas (USD 3 a 5 por pastilla), hasta pagos por protección que pueden llegar a USD 1.500 en el complejo penitenciario Guayas.
Uno de los principales mecanismos financieros es el sistema informal denominado “bazares”, donde cada transacción entre privados de libertad y sus familiares paga una comisión del 10% que alimenta la economía de las bandas.
El uso de celulares es otra fuente clave de ingresos: pueden costar entre USD 500 y 1.500, o alquilarse semanalmente. Estos dispositivos también son utilizados para extorsionar a familiares.
El informe detalla además el alto costo del ingreso de armas y el rentable mercado de drogas dentro de los centros penitenciarios, cuyos precios varían según la sustancia. Parte de estas ganancias, según las fuentes consultadas, iría a funcionarios estatales que participan por interés, coerción o amenazas.
El documento concluye que la economía criminal atraviesa todos los ámbitos de la vida carcelaria y que las mujeres —madres, esposas o parejas— son quienes asumen mayormente la carga económica.
