El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió suspender por 31 días sin remuneración a la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, por una presunta falta administrativa relacionada con la realización de acusaciones públicas sin sustento, según el informe que sirvió de base para la decisión.
Esta resolución se da luego de que una sanción previa de 90 días impuesta por el mismo organismo fuera anulada, lo que permitió que el CAL vuelva a conocer el caso y emita una nueva medida disciplinaria, esta vez por un periodo menor. Desde el Legislativo se indicó que la sanción responde a los mismos hechos analizados anteriormente y que se actuó conforme al procedimiento interno vigente.
La decisión ha generado reacciones y cuestionamientos dentro y fuera de la Asamblea Nacional, especialmente por tratarse de un caso reiterado y por el contexto político en el que se produce la sanción. Sectores críticos señalan que el proceso podría sentar precedentes sobre el uso de las sanciones administrativas en el Parlamento.
Por su parte, Mónica Palacios rechazó la medida y aseguró que se trata de un acto de persecución política. La asambleísta sostuvo que la sanción sería ilegal, ya que actualmente se encuentra en periodo de lactancia, condición que —según afirmó— debería ser considerada por las autoridades legislativas. “Se me está sancionando de manera arbitraria y vulnerando mis derechos”, manifestó.
Finalmente, Palacios anunció que analizará acciones legales para impugnar la resolución del CAL, mientras el tema continúa generando debate sobre los límites de la fiscalización interna, el debido proceso y la protección de derechos dentro de la Asamblea Nacional.
