El exvicepresidente de la República, Jorge Glas, continúa privado de libertad a pesar de haber cumplido la totalidad de las sentencias en su contra, situación que ha generado un nuevo debate jurídico y político en el país sobre la legalidad de su permanencia en prisión y el respeto al debido proceso.
Según su equipo de defensa, Glas cumplió el 100 % de las penas acumuladas derivadas de los casos Sobornos y Odebrecht el pasado 2 de octubre de 2025. Sin embargo, permanece recluido mientras se sustancia un proceso adicional que, de acuerdo con sus abogados, no cuenta todavía con una sentencia ejecutoriada ni una notificación formal que justifique su continuidad en prisión bajo la figura de cumplimiento de pena.
La defensa del exmandatario ha señalado que la actual privación de libertad no correspondería a una condena firme, sino a una medida vinculada a un proceso judicial en curso, lo que, a su criterio, vulnera garantías constitucionales. En ese contexto, se presentó un habeas corpus correctivo para que un juez evalúe la legalidad de su situación carcelaria y determine si corresponde o no su excarcelación.
A esta controversia se suma la preocupación por el estado de salud de Jorge Glas. Su equipo legal y familiares han advertido un deterioro físico y psicológico durante su reclusión, argumentando que las condiciones actuales de detención agravan su estado y que no estaría recibiendo atención médica adecuada.
Hasta el momento, las autoridades judiciales no han emitido un pronunciamiento definitivo sobre el recurso presentado, mientras el caso sigue generando reacciones en distintos sectores políticos y sociales. El escenario mantiene abierta la discusión sobre los límites entre prisión preventiva, cumplimiento de condena y garantías de derechos fundamentales en el sistema judicial ecuatoriano.
