Un call center clandestino en el norte de Quito utilizaba aplicaciones como Pegasus y Rimbill para extorsionar a personas en Ecuador y el extranjero. De los 44 procesados, 31 fueron sentenciados a penas de entre 12 y 18 meses por asociación ilícita, tras acogerse a un procedimiento abreviado y reconocer su participación en los hechos.
La Fiscalía presentó pruebas como testimonios de los mismos procesados, agentes de policía y peritos en informática forense, que demostraron que los implicados llamaban y enviaban mensajes a personas en el extranjero, exigiéndoles sumas de dinero a cambio de no atentar contra su integridad.
Además, se identificaron otros posibles delitos relacionados con enriquecimiento privado no justificado, falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte de una persona jurídica, violación a la intimidad y pornografía infantil.
La medida pone en jaque proyectos de gran envergadura como el campo de gas Dragon gas field, cuyos recursos se estiman en unos 4,2 billones de pies cúbicos, que estaban destinados a explotación conjunta entre Trinidad, Venezuela y firmas como Shell PLC, bajo licencias estadounidenses a pesar de las sanciones que pesan sobre Venezuela.
Desde el punto de vista diplomático, el anuncio profundiza la tensión entre Venezuela y su vecina caribeña, ubicada apenas a 11 km de distancia en su punto más cercano, y agrava el clima ya complejo con Estados Unidos en la región. Caracas advierte sobre el aumento de presencia militar estadounidense en el Caribe como parte de una estrategia de contención hacia su gobierno.
La Fiscalía apelará la decisión de sobreseimiento de 10 de los 13 procesados restantes, buscando que se les llame a juicio por asociación ilícita y otros delitos relacionados
