La confrontación entre el Gobierno del presidente Daniel Noboa y la Corte Constitucional ha alcanzado un nuevo nivel. Este 5 de agosto de 2025, el Ejecutivo presentó siete preguntas para una nueva consulta popular, entre las cuales destaca una propuesta que busca que los jueces del máximo tribunal puedan ser sometidos a juicio político.
La iniciativa se detalla en la pregunta número seis, que reza:
¿Está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?
Hasta el momento, el Gobierno no ha hecho público el contenido del anexo, ni ha detallado cuándo iniciará el trámite formal para convocar a consulta.
La propuesta ha desatado una fuerte ola de críticas de expertos constitucionalistas y figuras políticas. El exministro de Gobierno Henry Cucalón calificó la medida como un despropósito, argumentando que compromete la independencia judicial y que «se busca cazar jueces que no se alineen al poder de turno».
También el exjuez constitucional Hernán Salgado se pronunció en contra, afirmando que la propuesta representa “un retroceso al siglo XIX” y que ningún juez debe responder en términos políticos.
Por su parte, la abogada Daniela Erazo recordó que la Corte Constitucional está diseñada para actuar como un órgano independiente, destacando que la posibilidad de juicio político ya fue eliminada en reformas pasadas por considerarse una regresión de derechos.
En contraste, sectores del oficialismo y el correísmo respaldan la propuesta. El legislador Esteban Torres sostuvo que la Corte «no tiene ningún tipo de control», mientras que el expresidente Rafael Correa expresó en redes sociales que una Corte intocable “responde a democracias más maduras” y acusó al actual organismo de “prestarse para cualquier cosa”.
Ahora, la Corte Constitucional deberá revisar el paquete de preguntas y pronunciarse sobre si la modificación planteada requiere una enmienda constitucional o una reforma parcial. Si se determina que es lo segundo, la pregunta no podría incluirse en la consulta popular prevista para 2025, pues tendría que ser tramitada previamente por la Asamblea Nacional.
