Un plan energético para prevenir apagones durante el estiaje y una inédita fiscalización a las utilidades por compraventa de acciones fueron parte de las medidas anunciadas este lunes 16 de junio de 2025 por la portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo, en nombre del presidente Daniel Noboa.
En el ámbito eléctrico, Jaramillo informó que este año se incorporarán 979,5 megavatios de energía al Sistema Nacional Interconectado, lo que —según el Gobierno— permitiría descartar apagones, incluso en temporadas críticas de sequía.
Del total anunciado, 260 megavatios serán obtenidos mediante el alquiler de energía térmica a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y CELEC EP. Además, se proyecta incorporar 403 megavatios más en 2026 y otros 600 en 2027, alcanzando un total de 1.982,5 megavatios adicionales en tres años.
El objetivo, señaló Jaramillo, es reforzar la energía firme, es decir, la que no depende de factores climáticos, con lo que se espera garantizar un suministro eléctrico estable y confiable en todo el país.
Asimismo, se anunció la modernización del Sistema Nacional de Transmisión, con tres objetivos clave: lograr soberanía energética, mejorar la calidad del servicio y reforzar la interconexión con Perú.
Jaramillo también mencionó que 67 proyectos de inversión privada están en marcha para diversificar la matriz energética, incluyendo energía eólica, solar, hidroeléctrica e incluso nuclear. De estos, 31 ya han sido calificados y 36 están en trámite.
En cuanto al fallido contrato con la empresa estadounidense Progen, para instalar generadores eléctricos en Quevedo y Salitral, la funcionaria explicó que su cancelación no afecta al sistema, ya que solo representaba el 3 % de la demanda nacional. El contrato, adjudicado en agosto de 2024 por más de USD 100 millones, fue terminado unilateralmente por el Gobierno debido a retrasos.
Por otro lado, el Gobierno anunció un control masivo a las utilidades generadas por la compraventa de acciones, a través de un nuevo proceso de fiscalización implementado por el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Este control, calificado como “sin precedentes”, busca asegurar el pago del impuesto a la renta única aplicable a estas transacciones, y se enmarca en la estrategia del Ejecutivo para combatir la evasión tributaria y aumentar la recaudación fiscal en el país.
