El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo No. 23 el 10 de junio de 2025, con el que renovó el estado de excepción en varias provincias y en el Distrito Metropolitano de Quito por 30 días más, debido a la persistente “grave conmoción interna” generada por el crimen organizado. Sin embargo, en esta nueva disposición ya no se incluyó al cantón Camilo Ponce Enríquez, ubicado en la provincia del Azuay. Esto implica que, de forma oficial, dicho cantón ya no se encuentra bajo estado de excepción, lo que marca el fin de las restricciones extraordinarias que venían aplicándose desde inicios de año, como el toque de queda nocturno, la suspensión de la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, y la presencia permanente de fuerzas militares y policiales.
La exclusión de Camilo Ponce Enríquez del nuevo decreto se da tras una serie de estados de excepción decretados durante 2024 y 2025, en respuesta a la violencia extrema registrada en la zona, especialmente relacionada con actividades de minería ilegal y la presencia de grupos criminales como “Los Lobos”. En abril de 2024, el asesinato del alcalde José Sánchez encendió las alertas nacionales. Desde entonces, el Gobierno incluyó de forma reiterada al cantón en decretos de emergencia, como los emitidos en julio de 2024, enero y marzo de 2025. Sin embargo, el pasado 22 de mayo, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el decreto más reciente que incluía al cantón, por no justificar adecuadamente la causal de conflicto armado interno. La firma del Decreto 23, que ya no menciona a Camilo Ponce, oficializa el fin del estado de excepción en esa localidad, devolviéndola al régimen ordinario de garantías constitucionales.
Desde el Gobierno se justificó la continuidad del estado de excepción en otras zonas por la necesidad de mantener una respuesta rápida y eficaz frente a la violencia. El presidente Noboa explicó que informes de inteligencia avalan la suspensión de ciertas garantías para frenar la actividad delictiva. No obstante, al excluir a Camilo Ponce, se reconoce de manera implícita que ya no se cumplen las condiciones necesarias para mantener la medida en ese territorio. Mientras tanto, en el cantón, el ambiente sigue siendo de preocupación. Aunque parte de la ciudadanía recibió con alivio el fin del toque de queda y las restricciones, persiste el temor a que la violencia resurja con más fuerza. Medios locales como El Mercurio han reportado que, incluso bajo estado de excepción, los índices de criminalidad no disminuyeron significativamente, y que la población vivía bajo un ambiente de miedo y silencio.
El Decreto Ejecutivo No. 23 fue firmado el 10 de junio y, conforme a la Constitución, entró en vigor de inmediato tras su envío al Registro Oficial. Con esta disposición, el estado de excepción sigue vigente en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, Orellana y en Quito, pero ya no en Camilo Ponce Enríquez. Esto significa que, desde esa fecha, cesan todas las restricciones extraordinarias en ese cantón y se restablecen plenamente los derechos constitucionales.
