La Contraloría General del Estado (CGE) ratificó una glosa de USD 3,7 millones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por pagos irregulares a prestadores de salud, incluidos algunos vinculados a la familia del presidente del Consejo Directivo del IESS, Édgar Lama. La resolución, emitida en abril de 2025, confirma la responsabilidad civil de seis exfuncionarios del IESS y dos prestadores privados de salud, derivada de un informe aprobado y publicado por la Contraloría en 2021.
La glosa se originó tras un examen especial de los procesos de pago a prestadores privados de salud en Guayaquil entre 2016 y 2020. El informe concluye que el IESS autorizó y pagó facturas que ya habían sido objetadas en una auditoría anterior, sin que los prestadores presentaran la documentación necesaria para justificar el levantamiento de las observaciones. Aunque algunos documentos fueron entregados por los administradores del IESS, la CGE determinó que no se pudo demostrar que se subsanaron las irregularidades que llevaron al rechazo inicial de esas facturas.
El caso ha adquirido relevancia política debido a la vinculación de Édgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IESS, y su familia con algunos de los prestadores glosados. El asambleísta correísta Héctor Rodríguez señaló que, a pesar de las irregularidades detectadas, el IESS siguió realizando pagos a estas empresas, lo que, según él, constituye un «fallo moral». Rodríguez criticó que el sistema de contratación no fue bloqueado, lo que permitió que los contratistas señalados continuaran operando.
Por su parte, el padre de Édgar Lama negó cualquier relación entre las empresas glosadas y su familia, asegurando que estas no pertenecen al grupo familiar. La vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, también rechazó las acusaciones, aclarando que es «absolutamente falso» que el IESS haya pagado exclusivamente a empresas vinculadas a la familia de Lama. Jaramillo agregó que, entre enero y octubre de 2025, el IESS desembolsó casi USD 500 millones a prestadores de salud externos, tras realizar una fiscalización exhaustiva.
La Contraloría, en su informe, subrayó el perjuicio económico al Estado debido a la autorización de desembolsos sin el respaldo documental requerido, responsabilizando tanto a los funcionarios públicos como a los prestadores privados que se beneficiaron de esos recursos.
