La comunidad ancestral kichwa Tzawata Ila Chukapi, ubicada en el cantón Arosemena Tola, en la provincia de Napo, denunció una presunta incursión violenta dentro de su territorio que habría dejado varios heridos y graves daños materiales.
De acuerdo con el pronunciamiento oficial, alrededor de 200 personas ingresaron la mañana del 9 de junio al territorio comunitario, lo que provocó enfrentamientos con los habitantes. Como resultado, al menos tres comuneros resultaron heridos y una vivienda fue incendiada, generando alarma entre las familias del sector.
Un dirigente comunitario relató que el grupo habría ingresado con maquinaria pesada, lo que intensificó la tensión en medio de la resistencia organizada por los comuneros. “Fuimos agredidos mientras defendíamos nuestro territorio”, señaló.
Los líderes calificaron el hecho como de extrema gravedad, advirtiendo que la situación pone en riesgo la vida, la integridad y los derechos colectivos de la comunidad. Además, denunciaron que el territorio ha sido objeto de interés tanto de empresas mineras como agrícolas en los últimos años.
Según la comunidad, una empresa de monocultivo habría solicitado previamente el desalojo; sin embargo, aseguran que la medida fue dejada sin efecto por la Intendencia de Policía de Napo. Pese a ello, sostienen que se estaría promoviendo una ocupación mediante una fuerza de choque, integrada incluso por personas de la misma nacionalidad indígena.
Ante este escenario, los comuneros exigieron al Ministerio de Agricultura el reconocimiento legal de sus tierras ancestrales y la entrega de escrituras que respalden su posesión. También hicieron un llamado urgente a las autoridades para que se garanticen medidas de protección.
La comunidad Tzawata Ila Chukapi habita históricamente a orillas del río Anzu y cuenta con el respaldo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y la Defensoría del Pueblo, que exigen la anulación de concesiones otorgadas sin consulta previa y la titulación definitiva del territorio.
Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades frente a los hechos denunciados.
