La crisis de violencia que atraviesa Ecuador continúa dejando consecuencias alarmantes. Un reciente informe internacional reveló que más de 316 mil personas viven actualmente desplazadas dentro del país debido al conflicto armado interno y al avance de grupos criminales.
El reporte corresponde al Informe Mundial 2026 sobre Desplazamiento Interno, elaborado por el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC), organismo que documenta los movimientos forzados de población a nivel global.
Según el documento, únicamente durante 2025 se registraron 131.570 nuevos desplazamientos internos relacionados con la violencia y el conflicto, convirtiéndose en la cifra más alta documentada en la historia ecuatoriana.
El incremento de asesinatos, extorsiones y enfrentamientos armados en provincias ubicadas en la denominada “ruta de la droga” ha obligado a miles de familias a abandonar sus hogares en busca de seguridad.
El fenómeno se intensificó luego de que el presidente Daniel Noboa declarara a inicios de 2024 un conflicto armado interno no internacional para combatir a las organizaciones criminales.
Sin embargo, pese a las operaciones militares y policiales, las estructuras delictivas han seguido expandiendo su presencia territorial en distintas zonas del país.
Provincias más afectadas
Aunque el informe internacional no detalla cifras por provincias, otro estudio de la Defensoría del Pueblo de Ecuador identificó que Guayas, Pichincha y Manabí concentran la mayor cantidad de movimientos poblacionales.
Además, provincias como El Oro, Los Ríos, Esmeraldas y Azuay funcionan tanto como lugares de origen como de acogida para personas desplazadas.
El informe también señala que muchas familias prefieren trasladarse hacia Pichincha debido a sus mejores condiciones de acogida y mayores oportunidades laborales.
Familias sin empleo y con dificultades
La Defensoría del Pueblo reveló además que el 44% de los desplazados se reubicó dentro de su misma ciudad, mientras que el 36% migró hacia otras provincias y un 20% optó por abandonar el país.
Respecto a las condiciones posteriores al desplazamiento, el 51% de las personas aseguró no haber encontrado empleo durante los primeros tres meses tras abandonar su lugar de origen.
La situación refleja el impacto social que la violencia criminal continúa generando en miles de familias ecuatorianas, especialmente en las provincias costeras más golpeadas por las disputas entre bandas delictivas.
