La Unión Europea intensifica su lucha contra la obsolescencia programada, una práctica que limita la vida útil de los dispositivos para impulsar nuevas compras.
Desde 2021, el bloque implementó el “derecho a reparar”, que obliga a los fabricantes a garantizar piezas y soporte técnico hasta por diez años en productos como electrodomésticos y electrónicos.
Además, los dispositivos deben incluir manuales de reparación y diseños que permitan su desmontaje con herramientas comunes, facilitando su arreglo y reciclaje.
Como parte de estas políticas, también se introdujo una etiqueta energética que informa si un equipo es eficiente, resistente y fácil de reparar.
Ahora, la normativa da un paso más: a partir de 2027, los smartphones deberán tener baterías más duraderas y reemplazables por el usuario, marcando el fin de diseños cerrados que dificultan su reparación.
Con estas medidas, Europa busca reducir el impacto ambiental y la creciente cantidad de residuos electrónicos.
