Con el Acuerdo Ministerial MDT-2026-026, publicado el 26 de febrero de 2026, el Ministerio del Trabajo eliminó la posibilidad de procesar mediante sumarios administrativos a autoridades elegidas por voto popular, dejando sin efecto la normativa que permitió sancionar a la vicepresidenta Verónica Abad en 2024.
La nueva norma establece en su artículo 2 que “se excluye del ámbito de aplicación del presente acuerdo a los funcionarios públicos de elección popular”, marcando un cambio clave en el régimen disciplinario del sector público.
La decisión deja atrás los acuerdos MDT-2024-175 y MDT-2024-187, emitidos durante la gestión de la exministra Ivonne Núñez, que permitieron abrir un sumario contra la vicepresidenta Verónica Abad por un presunto incumplimiento de funciones tras su traslado a Turquía, en medio de tensiones con el presidente Daniel Noboa.
El nuevo acuerdo, firmado por el ministro Harold Burbano Villarreal, corrige esa omisión y reconoce que los dignatarios elegidos por voto popular no pueden ser objeto de la potestad sancionadora directa del Ministerio mediante sumarios administrativos.
