Un año y medio después de la aprobación de la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Otros Delitos, el Gobierno Nacional emitió su Reglamento General, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control, supervisión y detección de operaciones financieras ilegales en el país.
La normativa fue expedida mediante Decreto Ejecutivo y está compuesta por 85 artículos, además de siete disposiciones generales, que desarrollan los procedimientos técnicos y operativos para la aplicación de la ley. Entre los principales ejes se establece el fortalecimiento de las obligaciones para las entidades financieras, cooperativas, casas de valores, compañías de seguros y otros sujetos obligados a reportar operaciones inusuales y sospechosas.
El reglamento también amplía las facultades de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), permitiéndole solicitar información, coordinar acciones con otras instituciones del Estado y, en casos urgentes, disponer la inmovilización temporal de fondos cuando existan indicios de actividades relacionadas con lavado de activos o financiamiento de delitos.
Otro aspecto relevante es la creación de espacios de coordinación interinstitucional entre entidades de control, justicia y seguridad, con el fin de mejorar el intercambio de información y la trazabilidad de los flujos de dinero. Asimismo, la normativa adapta los procedimientos nacionales a estándares internacionales, como los recomendados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Desde el Ejecutivo se señaló que este reglamento busca cerrar brechas legales, fortalecer la prevención y dotar al Estado de herramientas más eficaces para enfrentar las economías criminales, consideradas uno de los principales motores de la inseguridad. “El combate al lavado de activos es una prioridad para debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada”, indicó el Gobierno en un comunicado.
Con la entrada en vigencia del reglamento, las instituciones y sujetos obligados deberán adecuar sus sistemas internos, manuales de cumplimiento y procesos de reporte, bajo la supervisión de los organismos de control competentes.
