El 24 de diciembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 26 personas desaparecidas y seis mujeres buscadoras en Ecuador.
La resolución 97/2025 advierte que todas estas personas enfrentan un riesgo de daño irreparable, tras ser detenidos por las Fuerzas Armadas en el marco del conflicto armado interno (declarado el 9 de enero de 2024), sin que hasta hoy se conozca su paradero.
La CIDH identificó a las personas cuyo rastro se perdió tras operativos militares, destacando que entre ellos se encuentran seis niños y adolescentes. La lista oficial de desaparecidos incluye a:
Edwin Pata Cheme (34 años): Detenido en su casa en Esmeraldas, golpeado y trasladado en un camión militar. Testigos afirman que los militares arrojaron a los detenidos desde un puente.
Bruno Rodríguez Castillo (23 años, con 50% de discapacidad intelectual) y Fardi Muñoz Quiñonez: Interceptados, golpeados y subidos a una camioneta blanca por militares.
Cirilo Minota Nievez (35 años): Detenido en un taller mecánico y visto por última vez amordazado en un camión militar.
Oswaldo Morales Santana (23 años): Separado de sus amigos por militares tras una interceptación vehicular.
Jordy Morales Martínez (31 años): Sacado de su domicilio por agentes que sustrajeron dinero y documentos.
Dave Loor Roca (20 años) y Juan Santillán Suárez (27 años): Detenidos mientras viajaban en moto. Un testigo relató que a Loor le rompieron los dedos durante la detención.
Jairo Tapia Álvarez(16 años) y Jostin Álvarez Chávez(17 años): Primos detenidos en su hogar bajo la amenaza militar de “hoy los vamos a matar”.
Dalton Ruiz Tapia (35 años): Retenido por una patrulla de 15 efectivos tras detener el taxi en el que viajaba.
Cristian Sandoya Valle (55 años), Óscar Adrihan Bravo (24 años) y Jonathan Adrihan Bravo (29 años): Llevados por sujetos vestidos de militares que dispararon al aire.
Jeampier Castañeda Solís(16 años, con discapacidad visual) y Justin Valverde Álava (20 años): Interceptados cerca de una gasolinera.
Dario Vásquez Chalela (31 años): Detenido por hombres en una camioneta azul eléctrica.
Luis Salas Alvarado (22 años): Sacado de su vivienda por 11 agentes militares.
Jorge Luis Izquierdo Solís (21 años): Golpeado y forzado a desbloquear su celular antes de ser llevado en una camioneta sin placas.
Miguel Morán Escobar, Kleiner Pisco Arteaga(15 años), Carlos Pisco Arteaga(17 años) y Bryan Torres Carranza(16 años): Detenidos durante un allanamiento en una hacienda bananera.
Fabricio Alvarado Zambrano (20 años) y Jason Franco Gil (25 años): Llevados por militares desde la Ciudadela Las Mujeres Solas.
Jonathan Villón Velasco (31 años): Golpeado y subido a una camioneta municipal usada por militares; su pareja fue apuntada con armas al preguntar el motivo.
Hostigamiento y terror contra las buscadoras
La resolución denuncia un patrón de amenazas y violencia de género contra las madres y esposas que han alzado la voz para intentar localizar a sus seres queridos. Las seis beneficiarias directas de protección sufren los siguientes atropellos:
Lorena R.: Militares han recorrido su cantón preguntando por su ubicación exacta, bajo el pretexto de tener información de su hijo.
Wendy A.: Fue increpada en su propio domicilio por militares, reconociendo a uno de los agentes que participó en la desaparición de sus hijos.
Esposa de un desaparecido: Recibió amenazas de muerte directas (“ella sería la próxima”) y llamadas nocturnas exigiendo que deje de buscar porque su esposo “ya está muerto”.
Mercí G.: Militares irrumpieron en su casa e intentaron llevarse a su otro hijo, advirtiéndole que “nunca encontrará” al desaparecido.
Mayra A.: En noviembre de 2025, militares allanaron su hogar violentamente y la sacaron desnuda de su cama, mientras intentaban llevarse a otros familiares.
Jeniffer P.: Sufrió un allanamiento ilegal en la madrugada por individuos no identificados en el mismo contexto de las denuncias.
El Estado y el muro de la “confidencialidad”
La CIDH criticó que, a pesar de existir sentencias de habeas corpus que ordenan a las Fuerzas Armadas entregar información, el Estado se ha negado alegando que los datos de los operativos son “información confidencial y reservada”.
El organismo determinó que Ecuador no ha demostrado acciones concretas de fiscalización interna para investigar a los militares involucrados.
Por todo ello, la CIDH ha ordenado a Ecuador redoblar esfuerzos de búsqueda, entregar toda la información militar solicitada y garantizar la integridad física y mental de las familias, con un enfoque de género y part
icipación activa de las víctimas.
