El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), listas 4 y 35, por no haber entregado las cuentas de campaña de sus candidatos a asambleístas nacionales en las elecciones extraordinarias de 2023.
La denuncia fue interpuesta más de dos años después del proceso electoral y alcanza a 33 personas, entre ellas los responsables de campaña y los 15 candidatos titulares y 15 suplentes de la lista nacional de asambleístas que respaldó al entonces candidato presidencial Daniel Noboa.
Según el CNE, los denunciados habrían incumplido el numeral 1 del artículo 281 del Código de la Democracia, que regula las infracciones relacionadas con el financiamiento de la política y el gasto electoral. Esta falta podría ser sancionada con multas que van desde los USD 9.400 hasta los USD 32.900, además de la suspensión de derechos políticos por un período de dos a cuatro años, sin perjuicio de una eventual cancelación de la inscripción de la organización política.
Entre las figuras señaladas consta Beatriz Moreno Heredia, primera presidenta del movimiento ADN y procuradora común de la alianza durante el proceso electoral de 2023. Moreno, quien es trabajadora de confianza de empresas vinculadas a la familia Noboa, fue la responsable del manejo económico de la campaña presidencial de reelección en 2025, aunque recientemente se apartó de la dirigencia del movimiento.
También figura Cynthia Gellibert Mora, actual secretaria de Administración Pública y Planificación y una de las funcionarias con mayor poder dentro del Ejecutivo, quien en ese entonces fue candidata a asambleísta nacional. Asimismo, consta Valentina Centeno Arteaga, exjefa de la bancada oficialista y dos veces legisladora por ADN.
No obstante, el juez electoral Juan Maldonado Benítez dispuso que el CNE aclare y complete la denuncia, solicitando que precise los hechos atribuidos a cada presunto infractor, los fundamentos jurídicos, los medios de prueba ofrecidos y el lugar exacto para la citación de los denunciados.
La providencia fue emitida el 26 de diciembre, y el CNE tiene dos días de plazo, incluidos días no laborables, para responder. De no cumplir con lo solicitado, la causa será archivada, según lo establecido por el juez.
