Un nuevo operativo penitenciario se llevó a cabo durante la madrugada de este 25 de noviembre en el Centro de Rehabilitación Social de Machala, donde 200 personas privadas de libertad fueron trasladadas a otros centros carcelarios del país como parte de la estrategia nacional de redistribución y control penitenciario.
La intervención inició antes del amanecer, cuando cinco buses destinados al traslado de internos ingresaron al complejo penitenciario bajo un fuerte despliegue de seguridad. Aproximadamente 400 policías participaron en la operación, estableciendo un perímetro restringido y cerrando los accesos principales con el objetivo de garantizar que el movimiento se desarrollara sin incidentes.
Los privados de libertad fueron llevados al Centro de Privación de Libertad Zonal 8, ubicado en Guayaquil, una de las principales instalaciones utilizadas para recibir internos reubicados en estos procesos. El operativo se ejecutó bajo estrictos protocolos, que incluyeron revisión de identidades, control de objetos personales y verificación de antecedentes.
Este traslado se suma a una serie de movimientos penitenciarios registrados en las últimas dos semanas. En ese período, 276 internos fueron redistribuidos entre las cárceles de Santa Elena, Guayas y Azuay, lo que eleva a 476 el número total de reclusos movilizados recientemente como parte del plan gubernamental para descongestionar pabellones y mantener mayor estabilidad dentro de los centros penitenciarios de la región.
Las autoridades han señalado que estos procedimientos continuarán realizándose de manera progresiva, dependiendo de las evaluaciones de riesgo en cada establecimiento carcelario. El objetivo principal es mejorar las condiciones internas, evitar conflictos y fortalecer la gobernabilidad en el sistema penitenciario.
Hasta el momento no se han reportado incidentes durante el operativo, y las instituciones de seguridad mantienen un monitoreo permanente de los centros intervenidos. La medida forma parte de los esfuerzos nacionales por recuperar el orden y garantizar un control efectivo en las cárceles del país.
