El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó la noche de este martes un nuevo estado de excepción en respuesta al creciente nivel de violencia en varias provincias y municipios del país. La medida, que entra en vigencia este miércoles y durará 60 días, afecta a las provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena y Los Ríos, además de los municipios de La Maná, Las Naves y Echeandía, en las provincias de Cotopaxi y Bolívar, respectivamente.
El estado de excepción se implementa debido a los altos índices de violencia registrados en estos territorios, vinculados principalmente a las actividades de grupos criminales organizados. Según el decreto ejecutivo emitido por el mandatario, los actos violentos se han intensificado desde octubre, con una notable concentración de la violencia en las zonas mencionadas. El gobierno destacó que la violencia es atribuida a disputas entre bandas criminales, y no a la delincuencia común, lo que se refleja en el uso de explosivos y ataques en espacios públicos.
Uno de los incidentes más destacados fue la explosión de un carro bomba el 14 de octubre en Guayaquil, cerca de un centro comercial y oficinas vinculadas a la familia del presidente Noboa, que dejó un muerto y más de treinta heridos. Este ataque se sospecha que fue llevado a cabo por Los Lobos, el grupo criminal más grande del país.
El decreto también otorga facultades especiales a las fuerzas de seguridad, permitiéndoles realizar allanamientos, inspecciones y requisas sin necesidad de orden judicial, con el objetivo de desmantelar las estructuras criminales. Asimismo, se autoriza el monitoreo de comunicaciones y correspondencia vinculada a estas bandas, con el fin de recopilar inteligencia.
Las zonas de La Maná, Las Naves y Echeandía son especialmente críticas debido a su cercanía con las provincias más afectadas por la violencia, lo que las convierte en territorios clave para las bandas criminales que operan en el país.
Este estado de excepción es parte de los esfuerzos del gobierno de Noboa para enfrentar una creciente ola de violencia que ha sumido a Ecuador en una crisis de seguridad sin precedentes. A pesar de las medidas tomadas desde principios de 2024, incluyendo la declaración de un «conflicto armado interno» contra las organizaciones criminales, la situación sigue empeorando, con un promedio de un asesinato por hora registrado en el país en lo que va de 2025.
El gobierno ecuatoriano continúa luchando contra la expansión del crimen organizado, que ha tomado el control de importantes actividades ilegales, como la minería, y amenaza con desestabilizar aún más la paz y la seguridad del país.
