El tráfico ilegal de combustibles ha alcanzado niveles alarmantes en Ecuador en 2025. Según datos oficiales recopilados por las fuerzas de seguridad, más de un millón de galones de combustible han sido decomisados durante operativos relacionados con robo y contrabando. Las pérdidas estimadas por estas actividades ilícitas superan los 21,5 millones de dólares.
Las provincias más afectadas por este fenómeno son Orellana, Guayas, Sucumbíos, Santo Domingo, Santa Elena, Esmeraldas y Manabí, según las estadísticas de la estatal petrolera y fuerzas militares.
El combustible captado ilícitamente no solo alimenta el mercado negro local, sino que también se relaciona con redes de trasbordo hacia otras economías criminales, como minería ilegal o narcotráfico. Ante ello, el Gobierno ha reforzado operativos mediante vigilancia aérea, patrullajes en rutas estratégicas y controles en estaciones de servicio.
Autoridades han advertido que, aunque algunos decomisos generan titularidad mediática, la magnitud del tráfico exige medidas legales más severas, mejoras en la cadena de seguridad interna y cooperación bilateral en fronteras para realmente contener esta crisis económica y operativa.
