La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) anunció una movilización indefinida a partir de las 22:00 del domingo 21 de septiembre, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. La medida, dispuesta por el Gobierno de Daniel Noboa, elevó el precio del combustible de USD 1,80 a USD 2,80 por galón.
Además de exigir la derogatoria inmediata del decreto, la organización declaró persona no grata a la vicepresidenta María José Pinto, luego de que la sede temporal de la Vicepresidencia se instalara en Otavalo, localidad cercana a Cotacachi.
Esta acción se suma a la expectativa generada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que prevé analizar posibles medidas frente al alza del combustible durante una reunión programada para el 18 de septiembre en Riobamba.
Ajustes económicos y reacciones sociales
La eliminación del subsidio al diésel forma parte del plan de ajuste económico del presidente Noboa, con el que busca reducir el déficit fiscal de aproximadamente USD 5.000 millones equivalente al 5 % del PIB y cumplir los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional, que otorga al país un crédito de USD 5.000 millones hasta 2028.
Según el Gobierno, la eliminación del subsidio permitirá liberar alrededor de USD 1.100 millones anuales. Estos recursos, según lo anunciado, se destinarán a programas de protección social y a incentivos para pequeños y medianos emprendimientos.
Previamente, el Ejecutivo ya había retirado los subsidios a las gasolinas Extra y Eco País mediante un sistema de bandas de precios. A estas reformas se suma la reducción del número de ministerios de 19 a 14 y el despido de cerca de 5.000 funcionarios públicos.
Sin embargo, el impacto social de estas decisiones comienza a evidenciarse en zonas rurales e indígenas, donde el diésel es clave para el transporte, la producción agrícola y otras actividades económicas comunitarias.
