El presidente Daniel Noboa confirmó que Ecuador ha recibido ofertas de varios países y bloques para instalar bases militares en el territorio nacional, como parte de una estrategia para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Entre las naciones y actores que han sido mencionados públicamente están Estados Unidos, Canadá, Francia y España; además, el propio mandatario habló de gestiones con la Unión Europea para la posible instalación de una base conjunta de control regional. Estas declaraciones han circulado en entrevistas y comunicados del Ejecutivo en los últimos meses.
El impulso político para permitir la presencia de bases extranjeras siguió un trámite legislativo importante: el 3 de junio de 2025 la Asamblea Nacional aprobó una reforma constitucional que habilita la posibilidad de instalar bases militares extranjeras en Ecuador, avance que según reportes abre la vía para que la decisión final pase por un referéndum nacional. Esa aprobación legislativa ha sido uno de los hitos que ha colocado el tema en el centro del debate público.
Noboa ha señalado además la intención de llevar la decisión al pueblo mediante una consulta o referéndum: el presidente anunció que “a finales de año” se preguntará a la ciudadanía si desea el regreso o la instalación de bases militares foráneas —con menciones específicas sobre la posible vuelta de una base estadounidense en la zona de Manta— aunque la fecha exacta y el diseño final de la pregunta dependen del calendario electoral y de la Corte Constitucional. Esta apuesta al referéndum busca darle legitimidad popular a una decisión que toca soberanía y seguridad.
En el pasado reciente, Ecuador también buscó interlocución con actores políticos y privados en EE. UU.: informes internacionales señalan que en marzo de 2025 hubo acercamientos del gobierno ecuatoriano (o de sus representantes) con aliados políticos en Estados Unidos para explorar alternativas de cooperación que incluyeron la posibilidad de una base y acuerdos comerciales o de seguridad. Esos contactos forman parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo para atraer apoyo externo contra las rutas de droga y las estructuras del crimen transnacional.
El anuncio y la posibilidad concreta de bases extranjeras han desatado opiniones diversas en Ecuador y en la región. Sus defensores sostienen que la presencia internacional fortalecería capacidades logísticas y de inteligencia para interceptar envíos de drogas, combatir la minería ilegal y reducir el poder de las organizaciones delictivas (GDO). Sus críticos advierten sobre riesgos para la soberanía nacional, posibles tensiones diplomáticas con países vecinos y la insuficiencia de una respuesta exclusivamente militar para problemas sociales y de gobernabilidad. Además, algunos gobiernos regionales y voces políticas han expresado preocupación por el reordenamiento estratégico que implicaría un despliegue militar extranjero en la región.
¿Qué sigue? Legal y políticamente, el siguiente paso clave es la organización del referéndum (si la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral confirman los plazos). En paralelo, el Ejecutivo continúa reuniones y negociaciones informales con potenciales socios internacionales para definir modalidad, alcance y condiciones (por ejemplo: si la base sería bilateral, multilateral con la UE, su ubicación —Manta aparece con frecuencia en los discursos— y límites de operación). También es probable que el tema siga generando pronunciamientos de organismos de derechos humanos, partidos políticos y actores regionales a medida que se acerque la consulta popular.
