El caso “Blanqueo Fito” sigue revelando el alcance de las operaciones financieras ilegales de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de Los Choneros, quien habría construido una red de lavado de activos con la participación directa de su familia y allegados.
Según la Fiscalía, Fito utilizó tres clanes familiares –los Macías-Villamar, Macías-Peñarrieta y Macías-Briones– para ingresar dinero ilícito al sistema financiero. En la audiencia de vinculación por lavado de activos se conoció que su esposa, hijos, cuñados y parejas sentimentales crearon empresas y simularon actividades económicas para justificar ingresos por más de USD 1,3 millones entre 2020 y 2024.
Uno de los hallazgos más graves es que la esposa de Fito, Inda P., habría entregado dinero a funcionarios públicos de instituciones como el Ministerio de Educación, Salud, el SNAI, Inmobiliar y hasta cuerpos policiales. También se mencionan presuntos pagos a personas vinculadas a programas municipales en Guayaquil y al entorno de alias Patucho Celso.
Entre las operaciones detectadas hay contratos con entidades estatales, viajes internacionales pagados en efectivo, y transferencias con personas procesadas por delitos como narcotráfico, asesinato y extorsión. Se identificaron vínculos económicos con miembros del grupo del fallecido Junior Roldán (JR), exlíder de Los Choneros.
Alias Queen Michelle, hija de Fito, habría participado activamente en el esquema patrimonial familiar, incluso produciendo canciones del género narcocorrido dedicadas a su padre. También fue vinculada a transacciones con otros miembros del clan criminal.
A nivel internacional, Fito enfrenta cargos en Estados Unidos y Argentina por lavado y narcotráfico. Uno de sus principales lugartenientes, alias Turrón, habría recibido más de USD 430 mil. La Fiscalía también señala transacciones con extraditables y personas ya fallecidas vinculadas a actividades ilícitas.
Pese a las investigaciones, la familia de Fito realizó varios viajes a Europa y Sudamérica, pagando pasajes en efectivo. Además, presentaron solicitudes para ingresar a cárceles a visitar reos que no eran parte de su núcleo familiar directo.
Las investigaciones continúan y se amplían hacia funcionarios públicos que habrían facilitado o participado en esta red criminal, que mezcló estructuras del crimen organizado con operadores dentro del Estado.
Fuente: Ecuavisa
