La vida de Marlene cambió de un día para otro. Tenía 25 años cuando empezaron las amenazas: primero mensajes confusos y luego una llamada en la que describieron a su hijo con detalle, advirtiéndole que ya lo tenían en su poder. Aunque el niño estaba a salvo, esa experiencia marcó un punto de no retorno. “Entendí que en Ecuador ya no había un rincón seguro”, recuerda.
El plan inicial era migrar en dos años, pero la urgencia aceleró la decisión. Con préstamos familiares y la guía de coyoteros, emprendió el viaje con sus tres hijos. Atravesaron Centroamérica en buses y a pie, hasta cruzar un río con miedo y vulnerabilidad. “No era solo un límite geográfico, era el punto de no retorno”, relata.
En menos de un mes llegó a Estados Unidos, donde fue retenida en un centro migratorio y luego liberada bajo proceso. Actualmente vive en Nueva Jersey, con permiso de trabajo y número de seguridad social como solicitante de asilo, aunque su expediente sigue congelado.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., en 2023 se registraron 478.885 solicitudes de asilo, de las cuales apenas 31.630 fueron aprobadas, mientras más de 937.000 permanecen pendientes. “La burocracia se convirtió en mi nuevo muro”, dice Marlene.
El contraste con su vida en Ecuador la acompaña a diario. Pasó de madrugar para ir a la oficina con tacones y cerrar ventas, a revisar con ansiedad el timbre de su casa en Nueva Jersey, temiendo una notificación judicial. Sus hijos enfrentan choques culturales, luchan con la pronunciación del inglés y evocan recuerdos de Ecuador, como el sabor del helado de naranjilla.
“El cambio ha sido duro para todos”, admite. Aunque sueña con volver, sabe que regresar no es opción: “Sentía que podían encontrarnos en cualquier rincón de mi país”.
Hoy estudia en línea, cuida a sus hijos y espera que el proceso avance. Su conclusión es clara: “No se trata de querer un sueño americano, sino de proteger a mis hijos. Cuando la vida está en juego, el verdadero riesgo es quedarse quieta”.
