Pese a los avances legales que en la última década han buscado equiparar los derechos laborales del trabajo doméstico con otros sectores, la realidad del empleo en este ámbito sigue marcada por la precariedad. Según cifras del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el número de trabajadoras domésticas afiliadas cayó de 104.806 en 2015 a 65.343 en mayo de 2025, lo que representa una reducción del 37,7%. Esta caída se acentuó entre 2019 y 2022, en el contexto de la pandemia y la crisis económica posterior, afectando gravemente la estabilidad y protección social de miles de mujeres.
El retroceso no solo se refleja en las cifras, sino en las condiciones de vida de quienes ejercen este oficio. Estudios cualitativos evidencian cómo muchas trabajadoras se vieron obligadas a buscar ingresos alternativos como la venta de comida o productos varios, y cómo la pandemia intensificó formas sutiles de explotación, ocultas tras vínculos afectivos con sus empleadores. Además, datos de la encuesta ENEMDU 2024 revelan que el 74,7% de las personas que se dedican al trabajo doméstico no están afiliadas al seguro social, una muestra clara del alto grado de informalidad.
El empleo doméstico en Ecuador también presenta una fuerte concentración femenina. Mientras solo el 0,22% de los hombres trabaja en este sector, la cifra asciende al 5,66% en el caso de las mujeres. Además, más del 68% de quienes ejercen este trabajo perciben ingresos por debajo del Salario Básico Unificado (SBU), a pesar de que este ha aumentado un 32,8% en la última década. Frente a esta realidad, expertas como Jackeline Jiménez y organizaciones como el BID coinciden en la necesidad urgente de políticas públicas integrales que combinen mejoras salariales, acceso a educación, certificación laboral y fortalecimiento de la supervisión para garantizar una verdadera inclusión laboral y social de las trabajadoras del hogar.
Tomado de Primicias
