Desde el 10 de agosto, las Fuerzas Armadas comenzaron su retiro de ocho cárceles del país, devolviendo el control de la seguridad interna y externa a la Policía Nacional y al SNAI, ahora bajo el Ministerio del Interior.
La medida afecta a centros penitenciarios ubicados en Archidona, Cotopaxi, Jipijapa, Santo Domingo, Quevedo, Turi, Machala y Loja. Los militares habían asumido el control de las prisiones desde enero de 2024, tras declararse el estado de excepción y el conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Noboa.
Durante más de un año bajo control militar, se redujeron las masacres y motines carcelarios, pero surgieron otras alertas: denuncias por abusos, muertes de reos por inanición, y casos de corrupción en las filas militares, incluyendo la complicidad en la fuga de peligrosos criminales.
Aunque abandonan ocho centros, las Fuerzas Armadas seguirán operando en 11 cárceles consideradas de alta peligrosidad, como la Penitenciaría del Litoral, la Regional de Guayaquil y la prisión de Esmeraldas.
Fuente: Ecuavisa
