El proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, podría reiniciarse desde cero tras la acción extraordinaria de protección que interpuso ante la Corte Constitucional (CC).
La medida fue presentada en abril pasado, admitida a trámite en julio y, según la web de la Corte, tendrá tratamiento prioritario.
Muñoz argumenta que se vulneraron sus derechos a la defensa, incluyendo la garantía de ser escuchado en el momento oportuno y de presentar sus pruebas y alegatos antes de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) autorizara la revocatoria.
En marzo, el TCE ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) entregar los formularios para la recolección de firmas, lo que dio inicio a la campaña ciudadana liderada por Néstor Marroquín y su colectivo.
Hasta mediados de julio, los promotores aseguran haber reunido más de 231.000 firmas, superando el umbral mínimo de 206.000, aunque aún no se inicia el proceso de validación por parte del CNE.
La acusación central contra Muñoz es que habría incumplido sus funciones al hacer proselitismo político en favor de la excandidata presidencial Luisa González, algo prohibido para autoridades en funciones.
Aunque inicialmente se esperaba reunir un millón de firmas, los impulsores ajustaron su meta a unas 480.000 rúbricas, con diez puntos fijos y tres brigadas itinerantes activas en Quito.
Pabel Muñoz cumplió en mayo pasado dos años como alcalde, cargo que debería mantener hasta 2027. Sin embargo, de continuar el proceso y validarse las firmas, su permanencia podría definirse en las urnas.
