El juez Samno Macías enfrenta serias acusaciones tras ser denunciado por presionar a una funcionaria judicial, Marcela Rubira, para que le entregara entradas al concierto de Bad Bunny —valoradas en USD 1.400— a cambio de conservar su cargo. Según Rubira, la exigencia fue directa y parte de un entorno marcado por el abuso de poder dentro del sistema judicial.
La denuncia no se limita solo al pedido de entradas. Rubira también reveló la existencia de una supuesta red de tráfico de influencias y nepotismo dentro del aparato judicial, señalando que el juez Macías habría beneficiado a familiares y allegados, entre ellos su cuñada, a través de designaciones y favores indebidos.
Ante la gravedad del caso, el Consejo de la Judicatura abrió un sumario administrativo en contra del juez y su cuñada para investigar formalmente los hechos. La institución aseguró que se actuará con firmeza en este proceso y que no tolerará el uso del sistema judicial para obtener beneficios personales.
El caso ha generado una fuerte reacción en la opinión pública, donde se cuestiona la integridad de quienes administran justicia en el país. Diversos sectores han exigido una investigación transparente y sanciones ejemplares si se confirman las irregularidades.
Este escándalo se suma a una serie de denuncias que han puesto en entredicho la independencia y ética del sistema judicial en Ecuador, lo que ha llevado a reclamos ciudadanos por una depuración real en las instituciones.
