El sábado, 14 de junio de 2025, el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional su tercer proyecto económico urgente: la Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local. El texto plantea mecanismos contractuales para que el sector privado —nacional e internacional— pueda invertir en servicios turísticos, ambientales y científicos dentro de áreas naturales del Ecuador.
Según el documento, la falta de recursos para la conservación ambiental se agravó tras la declaratoria de conflicto armado interno, en enero de 2024. Desde entonces, el presupuesto estatal se ha destinado principalmente a cubrir deudas vencidas y a financiar operativos de seguridad, provocando desatención en zonas naturales estratégicas.
El Ejecutivo sostiene que esta situación ha sido aprovechada por redes criminales para financiarse a través de minería ilegal, pesca no autorizada, tráfico de especies y tala indiscriminada. A esto se suma un déficit fiscal de $726 millones detectado en el primer trimestre de 2025.
Frente a este escenario, el régimen propone incentivar la inversión privada en infraestructura turística sostenible, especialmente en zonas con alta pobreza y baja oferta de servicios, como una forma de impulsar el turismo comunitario y atraer financiamiento independiente.
Entre los objetivos del proyecto están:
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La protección y reactivación económica de las áreas protegidas.
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La valorización de los servicios ambientales.
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El fomento del ecoturismo responsable como motor de desarrollo sostenible.
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La generación de empleo digno y diversificación productiva.
La propuesta permitiría al sector privado participar mediante contratos con la autoridad ambiental nacional para actividades lícitas como:
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Prestación de servicios turísticos.
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Facilitación del disfrute ciudadano del patrimonio natural.
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Protección ambiental e investigación científica.
Una disposición general adicional incluye una remisión del 100% de cánones vencidos, intereses y multas para pescadores artesanales y organizaciones de la economía popular y solidaria que tengan contratos vigentes de infraestructura en puertos artesanales.
El proyecto será tramitado en un plazo de 30 días, pero primero pasará por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para la verificación de requisitos legales. Luego se asignará a la comisión especializada correspondiente para su análisis.
