El proyecto de Ley de Inteligencia, que busca establecer un marco legal para las operaciones de inteligencia y contrainteligencia en Ecuador, fue devuelto a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional para su reestructuración. El Pleno del Legislativo, durante el segundo debate realizado el pasado 3 de junio de 2025, expresó serias preocupaciones sobre varios artículos que podrían abrir la puerta a prácticas de espionaje y vulneración de derechos fundamentales.
La Comisión tiene un plazo de cinco días para revisar y reformular el texto. Entre los aspectos más controvertidos está la falta de requisitos específicos para quien dirija la entidad rectora de Inteligencia, cuyo nombre ni siquiera se menciona en el proyecto. Según la normativa propuesta, bastaría con ser ecuatoriano, tener derechos políticos y no tener antecedentes judiciales, sin necesidad de experiencia en temas de seguridad o inteligencia.
Expertos como Fredy Rivera, especialista en seguridad internacional, consideran que este vacío es grave: «Se necesita un perfil con alta experiencia técnica y no solo de confianza política». También preocupa la gestión de los gastos especiales, que no se someterán a las normas de contratación pública. El uso de estos fondos será revisado trimestralmente por la Contraloría, pero luego la información será incinerada, impidiendo futuras auditorías.
Lorena Piedra, académica y experta en Inteligencia, advierte que esta falta de control puede dar lugar a usos indebidos de los recursos, incluso para fines políticos, como ha sucedido en el pasado.
Otra crítica apunta a la contratación del personal de inteligencia. Tanto Piedra como Rivera coinciden en que deben establecerse estándares más estrictos, evitando perfiles políticos o con sesgos religiosos, y priorizando la carrera profesional en el sector.
El artículo que obliga a personas naturales y jurídicas a entregar información también ha encendido alarmas. «Un periodista podría verse forzado a revelar sus fuentes», advirtió un legislador durante el debate. Aunque Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, aseguró que no se busca una vigilancia masiva, no detalló mecanismos para evitar abusos.
Finalmente, el proyecto contempla que la entidad de Inteligencia puede solicitar a las operadoras de telecomunicaciones acceso a datos técnicos de los usuarios sin necesidad de una orden judicial. Alarcón justificó que no se trata de acceder al contenido de las comunicaciones, pero expertos advierten que esta disposición, sin controles adecuados, puede facilitar prácticas de espionaje político.
Pese a las observaciones, los legisladores coinciden en la necesidad de una legislación sobre inteligencia frente al aumento de la inseguridad en el país. El desafío será lograr un marco legal que fortalezca la seguridad sin vulnerar derechos ni abrir espacio al abuso de poder.
Fuente: Ecuavisa
