La génesis del caso ‘Blanqueo Fito’, que investiga a familiares de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, por lavado de activos, enfrenta una grave controversia: por orden judicial, la Policía Nacional destruyó evidencias fundamentales vinculadas a una investigación previa por presunto enriquecimiento ilícito.
La incineración de los documentos y dispositivos se realizó el 19 de marzo de 2025 en las instalaciones de la Unidad Nacional de Delitos Contra el Sistema Financiero (Undecof), tras una solicitud hecha por la propia Policía y autorizada por la jueza penal de Manta, Zoila Véliz. Entre los elementos destruidos había teléfonos celulares, laptops, CPU, documentos societarios, facturas, escrituras de bienes e incluso el acta de matrimonio entre Inda Mariela Peñarrieta y el cabecilla de Los Choneros, alias Fito.
La petición se fundamentó en el artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal, que fija plazos para que la Fiscalía determine el destino de evidencias no consideradas de interés pericial. La Undecof solicitó la destrucción argumentando que se había cumplido dicho plazo. Sin embargo, la solicitud fue dirigida directamente a la jueza, sin intervención previa de la Fiscalía, lo que ha generado cuestionamientos.
La destrucción fue realizada con custodia oficial y en presencia de cuatro agentes, según el informe entregado por el jefe de Undecof, Álvaro Proaño. Todo esto ocurrió semanas antes de que la Fiscalía abriera una nueva investigación por lavado de activos, utilizando como base hechos y vínculos relacionados con el expediente de enriquecimiento ilícito.
Este hecho ha generado preocupación entre analistas y juristas, quienes advierten que la quema de estas evidencias podría afectar el desarrollo de la nueva causa penal y dejar sin sustento partes clave de la investigación sobre una de las estructuras criminales más peligrosas del país.
