El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley con carácter económico urgente que busca reforzar la lucha contra el crimen organizado en el contexto del conflicto armado interno. La propuesta contempla medidas que han generado tanto respaldo como fuertes cuestionamientos.
Entre los puntos más polémicos se encuentran el blindaje judicial para policías y militares, quienes no podrían ser sometidos a prisión preventiva si están siendo investigados por hechos ocurridos durante su labor operativa. También se plantea la posibilidad de indultos anticipados, incluso si el proceso penal está en etapa inicial.
Otro eje central del proyecto es la tipificación del delito de pertenecer a un grupo armado organizado, endureciendo las penas y permitiendo detenciones bajo autorización del Bloque de Seguridad, con revisión judicial posterior. Además, se amplía el uso de la fuerza por parte del Estado sin necesidad de decretar estado de excepción, y se otorga al Ejecutivo mayor poder para declarar zonas de seguridad y emitir decretos especiales.
El texto también propone reformas económicas, como incentivos fiscales para quienes apoyen a la Policía y Fuerzas Armadas, y ayudas económicas para sectores afectados por la violencia criminal. La iniciativa ha sido comparada con medidas implementadas en El Salvador, y ha recibido críticas por posibles vulneraciones a derechos constitucionales.
La Asamblea tiene 30 días para debatir y resolver sobre el proyecto. Mientras tanto, el país vuelve a enfrentar un tenso debate entre seguridad, legalidad y derechos humanos.
Fuente: Ecuavisa
