La minería ilegal se ha convertido en una actividad más rentable que el narcotráfico para las organizaciones criminales, según Carolina Orozco, presidenta del Directorio de la Cámara de Minería. Con el precio del oro alcanzando entre USD 3.000 y USD 3.300 por onza, supera los beneficios del tráfico de cocaína, que además conlleva mayores riesgos de incautación. Esta situación ha impulsado su expansión en 20 provincias del país, generando graves consecuencias sociales y ambientales.
La explotación ilegal de oro no solo evade regulaciones, sino que fomenta delitos como trabajo infantil, trata de personas y lavado de dinero, señaló Orozco. Además, la ausencia de empresas mineras legales permite que grupos criminales dominen los territorios, corrompiendo comunidades y ejerciendo violencia. Un ejemplo claro es el proyecto Río Blanco en Azuay, donde la suspensión de operaciones legales derivó en la ocupación ilegal del área, ahora inaccesible por la inseguridad.
Orozco destacó la importancia de la minería legal como alternativa para generar empleo, desarrollo y control territorial. Las empresas formales aportan seguridad, emprendimiento y reducción de pobreza, evitando que el oro caiga en manos de mafias. Sin embargo, el rechazo a la minería regulada favorece a los grupos ilegales, que operan sin restricciones, degradando el tejido social y perpetuando la criminalidad en zonas vulnerables.
Fuente: Radio Pichincha
