María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, ha expresado su profunda preocupación por el auge de la minería ilegal en el país, financiada en gran parte por el narcotráfico, fenómeno que ha denominado “narcominería”. Esta actividad ilícita no solo está despojando al país de sus recursos naturales, sino que también está vinculada a delitos como el tráfico de armas y personas, y al lavado de dinero. Silva advierte que, de no tomar medidas urgentes, Ecuador corre el riesgo de convertirse en un país de lavado de oro.
La presidenta de la Cámara de Minería destaca que la minería ilegal está presente en 20 de las 24 provincias del país, afectando gravemente al medio ambiente y a las comunidades locales. Señala que esta actividad no podría llevarse a cabo sin la complicidad de ciertas autoridades, especialmente a nivel local. Por ello, insta a seguir la ruta del dinero, del mercurio y de la maquinaria para desmantelar estas operaciones ilegales, y a depurar las instituciones involucradas en el control y regulación del sector minero.
Silva considera positiva la decisión del Viceministerio de Minería de destituir a varios directores encargados de emitir certificados de exportación de oro, pero enfatiza que estas acciones deben ir acompañadas de medidas para regularizar a todos los operadores y garantizar que cumplan con la normativa vigente. Además, hace un llamado a las autoridades judiciales para que las denuncias sobre operaciones de minería ilegal no queden archivadas y se traduzcan en sentencias ejecutoriadas.
En cuanto a soluciones, Silva aboga por promover la minería legal y responsable como una herramienta crucial para combatir la ilegalidad. Destaca que menos del 7% del territorio nacional ha sido concesionado y menos del 10% ha sido explorado, lo que indica un gran potencial para el desarrollo de una minería industrial que cumpla con estándares ambientales y sociales. Asimismo, propone declarar a los proyectos mineros como Zonas Reservadas de Seguridad y abrir el catastro minero para frenar el avance de la narcominería.
Silva también enfatiza la necesidad de una política minera de Estado, que trascienda los gobiernos de turno y garantice la transparencia y el desarrollo sostenible del sector. Señala que la minería industrial responsable puede ser una solución para las zonas de mayor pobreza, ya que genera empleo formal y contribuye al desarrollo económico de las comunidades.
En resumen, María Eulalia Silva hace un llamado urgente a fortalecer el control estatal, depurar las instituciones involucradas en el sector minero y promover la minería legal y responsable como una estrategia para combatir la narcominería y aprovechar el potencial minero del país de manera sostenible.
