
Ecuador lleva 25 años utilizando el dólar estadounidense como su moneda oficial, una medida adoptada en 2000 para estabilizar la economía tras la crisis bancaria. Sin embargo, cada vez que se acercan las elecciones presidenciales, el tema de la posible «desdolarización» resurgen en los debates políticos. A pesar de que no hay indicios de que el sistema esté en riesgo, y de que el dólar sigue siendo la moneda de curso legal, el tema se convierte en un punto clave en las discusiones electorales.
En las últimas tres elecciones presidenciales, los candidatos vinculados al movimiento de izquierda Revolución Ciudadana (RC), conocido como correísmo, han levantado el debate sobre la dolarización. Este movimiento, con un fuerte respaldo popular, ha sido uno de los críticos más fervientes del sistema dolarizado y ha tomado decisiones en el pasado que, según muchos analistas, debilitaron el sistema monetario de Ecuador.
Durante la segunda vuelta presidencial de 2025, la candidata Luisa González (RC) se enfrentará a Daniel Noboa, actual presidente de Ecuador, quien no ha dudado en llevar este tema al centro del debate económico. En el debate del 23 de marzo de 2025, Noboa acusó a González de tener la intención de «desdolarizar» el país, acusación que ella rechazó categóricamente. Esta misma acusación ya había sido planteada durante las elecciones presidenciales de 2023, cuando González también se enfrentó a Noboa, y también ocurrió en 2021, cuando el candidato presidencial del correísmo, Andrés Araúz, se enfrentó a Guillermo Lasso.
El correísmo ha sido un actor clave en este debate. Aunque González no ha propuesto explícitamente la desdolarización en su programa, el movimiento mantiene figuras destacadas que han criticado el sistema, como Rafael Correa, expresidente de Ecuador, y Andrés Araúz, excandidato presidencial, quien llegó a proponer una «ecuadolarización» en 2013, que implicaba un sistema de pagos internacionales en dólares, pero usar una moneda distinta para las transacciones locales.
Los economistas han señalado que la dolarización es vista como un consenso nacional y que cualquier intento de abandonarla sería un «suicidio político». Verónica Artola, exgerente del Banco Central de Ecuador (BCE), recalca que ningún candidato sería tan imprudente como para afirmar que saldrá de la dolarización mediante decreto. Sin embargo, el debate sobre cómo mantener y fortalecer este sistema persiste.
En el pasado, el gobierno de Correa utilizó los recursos de las reservas internacionales para financiar el gasto público y la banca pública, lo que dejó un agujero de $7.723 millones en las reservas, debilitando el sistema. Diego Borja, actual candidato a vicepresidente del correísmo, ha sugerido que, si ganaran las elecciones, recurrirían a las reservas internacionales, lo que despierta dudas sobre cómo se gestionaría la liquidez de la economía.
A pesar de los temores, Artola argumenta que fortalecer la dolarización depende de crear un entorno económico que favorezca la entrada de más dólares al país, a través de inversión extranjera, exportaciones y financiamiento externo favorable. Además, destaca que lo más importante para mantener el sistema es la confianza. Cualquier acción que disminuya esa confianza, como la amenaza de desdolarización, podría generar una fuga de capitales.
Con la Ley de Defensa de la Dolarización aprobada en 2021, que prohíbe al BCE financiar al gobierno y establece normas claras sobre la emisión de moneda, Ecuador cuenta con ciertos «candados» legales para proteger su sistema dolarizado. Sin embargo, algunos economistas sostienen que sería prudente eliminar las funciones monetarias del BCE, tal como lo hacen otros países dolarizados como Panamá y El Salvador, para evitar riesgos adicionales.
El «fantasma» de la desdolarización, entonces, seguirá presente en el debate electoral, a pesar de que los mecanismos legales y económicos existentes en Ecuador actúan como barreras para cualquier intento serio de abandonar el dólar como moneda oficial. En última instancia, será necesario que el próximo presidente implemente políticas económicas que fortalezcan la confianza en el sistema de dolarización y promuevan la estabilidad financiera del país.




