El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la suspensión de los derechos políticos de Verónica Abad por dos años, luego de rechazar la apelación presentada por la Vicepresidenta. La sanción se deriva de un caso en el que Abad fue hallada culpable de ejercer violencia política de género contra la canciller Gabriela Sommerfeld. Además de la inhabilitación, la Vicepresidenta deberá pagar una multa equivalente a 30 salarios básicos unificados y ofrecer disculpas públicas a la funcionaria afectada.
Con esta decisión, Abad queda fuera de cualquier posibilidad de postularse a un cargo público durante el tiempo que dure la sanción, lo que pone fin a su sueño de llegar a la presidencia. La resolución marca un hito en su carrera política, ya que no podrá participar en futuras contiendas electorales mientras se mantenga la inhabilitación.
