Un grupo autodenominado «Estados Unidos de Kailasa», liderado por el gurú hindú Nithyananda Paramashivam, ha estado tratando de obtener acuerdos con pueblos indígenas de Bolivia para arrendarles sus territorios por hasta mil años. Según documentos obtenidos por medios internacionales, representantes de este supuesto país ficticio han firmado convenios con las naciones baure, cayubaba y esse ejja, con la promesa de pagos anuales a cambio de concesiones territoriales a largo plazo.
Los acuerdos, que incluyen condiciones como la cesión irrevocable de tierras y recursos naturales, fueron inicialmente aceptados por algunos líderes indígenas, pero tras investigaciones y denuncias, muchos de estos acuerdos fueron abandonados. Los contratos estipulan la transferencia de vastos territorios, incluso con la posibilidad de un arrendamiento perpetuo, a cambio de sumas de dinero como 108 mil dólares anuales por 60 mil hectáreas.
Kailasa, que se describe a sí mismo como una nación independiente, con constitución, pasaportes y sistema bancario, fue fundado en 2019 por Nithyananda en una isla comprada a Ecuador. A pesar de su reconocimiento ante algunas sesiones de la ONU, su estatus como país real ha sido ampliamente cuestionado.
El intento de Kailasa de arrendar tierras a los pueblos indígenas ha levantado alarmas. Organizaciones como la Cidob y la Fundación Tierra consideran los acuerdos como una estafa, argumentando que violan los derechos territoriales indígenas y la legislación boliviana, que prohíbe acuerdos que amenacen la soberanía y cultura de estos pueblos.
Varios líderes indígenas, como Adolfo Chávez y Lucio Ayala, han rechazado públicamente los acuerdos, y otros han señalado la falta de claridad y beneficios en estos convenios. La situación refleja un creciente temor de que el «país» de Kailasa busque explotar los recursos naturales indígenas bajo el disfraz de acuerdos diplomáticos.
Las autoridades y organizaciones de derechos humanos en Bolivia están vigilando de cerca estos intentos de manipulación, advirtiendo sobre los riesgos legales y culturales de estos contratos a largo plazo.
Fuente: Pais
