La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una histórica sentencia en la que condena al Estado ecuatoriano por violar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV), específicamente los pueblos Tagaeri y Taromenane, en la región del Yasuní. La Corte determinó que Ecuador infringió derechos fundamentales como la propiedad colectiva, la libre determinación, la vida digna, la salud, la alimentación, la identidad cultural y el derecho a un ambiente sano.
Este fallo es el primero de su tipo en la historia del tribunal, ya que aborda específicamente los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. La denuncia, que data de hace 19 años, finalmente obtuvo una sentencia favorable para las víctimas. La Corte analizó los ataques violentos y las muertes ocurridas en 2003, 2006 y 2013, destacando el impacto en el territorio y el modo de vida de los pueblos Tagaeri y Taromenane, así como la separación forzada de dos niñas indígenas en 2013.
El tribunal instó al Estado ecuatoriano a investigar los ataques y muertes, a determinar responsabilidades y a realizar una reparación cultural adecuada para las víctimas. Además, la Corte enfatizó la necesidad de adoptar medidas más dinámicas y adecuadas para proteger el territorio de los PIAV y garantizar su libre determinación, respetando las características culturales y de movilidad de estos pueblos.
La Corte también ordenó al Estado cumplir con el mandato de la Consulta Popular de 2023, garantizando que el crudo del bloque 43 del Yasuní permanezca bajo el subsuelo de forma indefinida. Además, las licencias ambientales para proyectos extractivos deben ser otorgadas solo tras estudios de impacto ambiental que no afecten a los pueblos en aislamiento. La creación de una comisión técnica para evaluar la zona intangible Tagaeri-Taromenane también fue incluida en el fallo.
El tribunal también condenó la explotación petrolera en el Campo de Armadillo, determinando que la declaratoria de interés nacional afectó los derechos a la propiedad y a la libre determinación de los PIAV.
La Corte dispuso que Ecuador continúe con las investigaciones necesarias y sancione a los responsables de los hechos violentos, así como que el Estado realice un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional. Además, Ecuador tiene un plazo de un año para presentar un informe sobre las medidas adoptadas para proteger la zona intangible y cumplir con la sentencia.
Organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y Yasunidos celebraron el fallo, calificándolo de histórico y esencial para la protección de los pueblos indígenas en el Yasuní.
Fuente: Ecuavisa
