Más de diez colegios privados en el Cono Norte de Lima enfrentan una grave amenaza. Bandas exigen pagos a cambio de no atentar contra los estudiantes. En lo que va del año, se han registrado múltiples atentados con explosivos en diversas instituciones educativas.
Atentados y amenazas: un panorama alarmante
El 15 de enero, un explosivo fue lanzado al colegio Niño Jesús del Carmen, donde los delincuentes exigieron 30 mil soles. Este patrón de extorsión se ha repetido en otras instituciones, como el colegio Alfred Nobel, que tuvo que suspender actividades tras recibir una amenaza de 60 mil soles. La situación se agrava con la denuncia de que algunos policías estarían pidiendo sobornos para brindar seguridad a los colegios.
Los atentados no se limitan a amenazas. El 27 de febrero, intentaron detonar un explosivo en el colegio Monserrat, dejando un mensaje escalofriante: “Si no pagas, iremos por tus alumnos”. El 28 de febrero, lanzaron un explosivo en la puerta del colegio San Vicente, uno de los más grandes de la zona. Estos actos de violencia han llevado a que 300 centros educativos hayan cerrado debido a la extorsión.
La respuesta de las autoridades y la comunidad educativa
A pesar de la gravedad de la situación, el Ministerio del Interior no ha respondido a las solicitudes de información sobre las medidas que se están tomando para proteger a los colegios. La falta de respuesta ha dejado a las instituciones educativas en una situación de vulnerabilidad, donde la seguridad de los estudiantes está en juego.
La comunidad educativa, representada por colectivos como Educar con Libertad, ha expresado su preocupación y ha solicitado acciones concretas para garantizar la seguridad de los alumnos. La situación actual es insostenible y requiere una respuesta inmediata por parte de las autoridades competentes.
Un llamado a la acción
La amenaza no solo pone en riesgo a los estudiantes, sino que también afecta la tranquilidad de las familias y la integridad de las instituciones educativas. Es fundamental que se tomen medidas efectivas para erradicar la extorsión y garantizar un ambiente seguro para la educación.
La comunidad espera que las autoridades actúen con urgencia para prevenir una tragedia y restaurar la confianza en el sistema educativo. La seguridad de los niños y jóvenes debe ser una prioridad, y es responsabilidad de todos trabajar juntos para enfrentar esta crisis.
Basado en: Diario El Popular
