El 3 de marzo de 2025, la Corte Nacional de Justicia dictó una sentencia contra Pablo Muentes, Fabiola Gallardo y Johann Marfetán, quienes fueron condenados a 13 años y cuatro meses de prisión por su vinculación con una estructura criminal en el sistema judicial de Guayas, conocida como el caso Purga. Los tres fueron considerados responsables de dirigir y ejecutar un plan para controlar el sistema judicial de la provincia, lo que implicaba actos de delincuencia organizada y corrupción. Además, se les impuso una multa de 20 salarios básicos y la pérdida de derechos de participación durante 20 años.
El tribunal también dictó penas de 9 años y 4 meses para otros implicados, como Reinaldo Cevallos y Guillermo Valarezo, quienes fueron considerados colaboradores del grupo de delincuencia organizada. A estos se les aplicaron multas y la pérdida de derechos de participación por 15 años. Los acusados fueron señalados por actuar con dolo y poner en peligro la seguridad pública, y su vinculación en varios casos de corrupción judicial fue claramente demostrada, como en el caso relacionado con el Banco del Pacífico, donde Muentes intentó anular una deuda utilizando su influencia en el sistema judicial.
Además, el tribunal consideró graves hechos de corrupción, como el favorecimiento a ciertos individuos en el ámbito judicial y el acuerdo de Muentes y Gallardo con otros funcionarios para obtener beneficios económicos y manipular procesos judiciales. Las investigaciones revelaron que Mayra Salazar, exrelacionista pública de la Corte de Justicia del Guayas, recibió un sueldo mensual de USD 2.500 para colaborar con estos actos ilícitos. Las evidencias clave fueron testimonios, documentos y dispositivos electrónicos que vincularon a los acusados.
Este caso surgió a raíz de la investigación del caso Metástasis, que exploró la relación entre el narcotráfico y la política, y las evidencias fueron recogidas tras una serie de allanamientos realizados por la Fiscalía en marzo de 2023. La sentencia también incluyó medidas reparatorias, como la colocación de una placa en la Corte de Justicia del Guayas que indique que “la justicia es gratuita”, buscando señalar la corrupción que afectó la administración de justicia en la región.
Basado en: Primicias
