La sentencia en primera instancia aún no está en firme, pues la vicepresidenta puede interponer recursos horizontales y verticales.
El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Guillermo Ortega, sentenció en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, luego de acoger la denuncia de la canciller, Gabriela Sommerfeld, quien dijo sentirse afectada en su imagen y reputación, a escala nacional e internacional, por declaraciones de la segunda mandataria.
Ortega impuso las siguientes sanciones en contra de Abad:
- Suspensión de los derechos políticos por dos años
- Pago de una multa equivalente a 30 salarios básicos unificados, es decir USD 14.100, que deberán ser pagados en un plazo de tres meses.
- En caso de incumplir con el pago de la sanción, el mismo será cobrado vía coactiva por los órganos correspondientes.
- Ofrecer disculpas públicas a Sommerfeld, mediante una publicación en un diario de amplia circulación nacional.
- Oficiar al Ministerio de Trabajo el impedimento para ejercer cargo público
- Oficiar al Consejo Nacional Electoral que la excluya del registro electoral por los próximos dos años, a partir de la vigencia de la sentencia.
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Denuncia
La ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, denunció a la vicepresidenta Verónica Abad, el pasado 25 de octubre de 2024 por una supuesta violencia política de género.
Sommerfeld se refirió a las declaraciones de Abad quien dijo sentirse amordazada y secuestrada por la canciller.
Criterios jurídicos
El abogado Washington Andrade señaló, en su cuenta de X, que esta sentencia era previsible, ya que los otros mecanismos de persecución en contra de Abad fallaron, una de ellas el sumario administrativo del Ministerio de Trabajo.
A criterio del jurista, el Gobierno requería allanar el camino para que Daniel Noboa no encargue la Presidencia durante la campaña de la segunda vuelta electoral, que inicia el 14 de marzo de 2025.
Consuman el golpe a su propia Vicepresidenta Constitucional y con ello pretenden allanar el camino para el fraude electoral al no encargarle la presidencia para la segunda vuelta y continuar usando de los recursos públicos en la campaña electoral
alertó el jurista
Andrade aseguró que la defensa de Abad puede presentar recursos horizontales y verticales, también destacó que no hay mucha esperanza de que en la apelación se revoque la sentencia en primera instancia.
“No porque la denuncia y la sentencia tengan fundamento sino porque la mayoría de los jueces del TCE están cooptados”, alertó.
Washington Andrade detalló que, de mantenerse la suspensión de derechos políticos, Verónica Abad ya no podría ejercer su cargo y si constituiría una causa de “fuerza mayor” con lo que si cabría la designación de una encargada por decreto.
- Fuente: Radio Pichincha
