
El crimen organizado no solo ha logrado permear la justicia y la fuerza pública, sino también los municipios de Ecuador, como lo revela una investigación del medio digital Connectas, con el respaldo de Primicias, Plan V, La Barra Espaciadora, GK, Tierra de Nadie y La Fuente.
El 15 de agosto de 2024, la Policía desplegó un gran operativo en Durán, uno de los epicentros de la violencia criminal en Ecuador.
Detuvo a 23 personas y las señaló de pertenecer a una organización delictiva encabezada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, líder de los Chone Killers, que contaba con la participación directa de funcionarios del Municipio de Durán, el Cuerpo de Bomberos y la Autoridad de Tránsito de ese cantón, y habría servido para lavar dinero en la contratación pública.
En rueda de prensa, la Policía mencionó una obra de USD 190.000 otorgada a la constructora Arkhe Proyectos y Construcciones S.A.S., perteneciente a la esposa de alias ‘Negro Tulio’, Alexandra Estrada Aquiño, procesada por presuntos terrorismo y delincuencia organizada.
Arkhe fue favorecida con ese contrato para regenerar un parque de Durán, firmado en mayo de 2024. Además, la Fiscalía sustentó sus señalamientos contra este grupo describiendo hechos ocurridos en 2022 y 2023, a través de los cuales detalló los roles de dos miembros de la organización que también fueron contratistas del Estado.
Carlos Cabrera Baidal, de 39 años, posee la mitad de las acciones de Constructora & Consultora Oscimaq S.A.S., la misma que los últimos meses de 2023 se adjudicó contratos del Municipio de Buena Fe (Los Ríos) por un total de USD 801.000, para obras de infraestructura.
Esa empresa fue constituida pocas semanas antes de lanzados los procesos contractuales. En el caso de Durán, la Fiscalía lo imputó como la persona que influyó en los procesos de contratos públicos a favor de los Chone Killers.
Ashley Baux, de 20 años, alcanzó a inicios de 2024 un contrato de USD 71.400 del Cuerpo de Bomberos de Durán para el mantenimiento y readecuación del cuartel. La Fiscalía la señaló como la encargada de recolectar el dinero para la organización criminal.
Alias ‘Washo’ merodeaba en Durán
Antes de que saltara a escena la organización liderada por alias ‘Negro Tulio’, hubo otro miembro de grupos señalados como terroristas merodeando los contratos públicos en Durán: Washington Sellán Hati, alias ‘Washo’.
En 2019, ‘Washo’ trabajó como digitador en la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD) y luego colocó a miembros de su círculo íntimo, incluidos amigos cercanos y familiares, en puestos en las empresas de esa misma alcaldía, a la vez que operaba para los Latin Kings, según reveló una investigación de Insight Crime.
En julio de 2021, Sellán fue detenido en flagrancia por narcotráfico, pues un equipo de la Policía lo filmó junto con una agrupación escondiendo drogas en una casa de Durán.
Un juez le dictó prisión preventiva, pero salió libre tres meses después debido a que la Corte Nacional de Justicia le concedió un habeas corpus aduciendo que tenía cirrosis hepática, hipertensión y Covid-19. A finales de ese mismo año, la Fiscalía se abstuvo de acusarlo y Sellán quedó fuera del proceso.
Casi dos años después, a mediados de 2023, cuando Sellán ya estaba fuera del foco judicial, una empresa que este tenía junto con una de sus hijas, Transporsellcar, hizo un gran negocio con la ATD para construir el Centro de Retención Vehicular del cantón.
En el proceso de concesión, Transporsellcar fue la única oferente. Los documentos de este proceso están disponibles en el sitio web de la ATD, pero no el contrato de construcción. Este tampoco está registrado en el portal de Compras Públicas.
Connectas confirmó que el contrato por USD 992.395 se firmó el 10 de mayo de 2023, en la administración del alcalde Dalton Narváez. El 13 de ese mes, Sellán fue víctima de un ataque armado en Guayaquil.
Sicarios le dieron más de 60 tiros al vehículo en el que viajaba con sus custodios e increíblemente salió con vida. Finalmente, murió tres días después.
Consultado sobre este tema, el actual alcalde de Durán, Luis Chonillo, afirmó que el contrato de construcción sí existe, aunque no esté publicado, y que están en trámite para terminarlo de forma unilateral porque la obra, hasta el momento, no muestra avances en su ejecución.
“Es un desafío considerable para los municipios filtrar a los oferentes basándonos en investigaciones en curso, las cuales no son de acceso público”.
Luis Chonillo, alcalde de Durán.
Añade que, por norma de Contraloría, “la responsabilidad de asegurar la correcta ejecución de los proyectos recae en el fiscalizador o en el jefe de fiscalización”.
Aunque admite que la falta de cruce de información entre las entidades estatales facilita la participación de grupos de delincuencia organizada en procesos a escala nacional, dice que las herramientas de verificación a disposición de los gobiernos autónomos descentralizados son limitadas.
Las instituciones públicas que más dinero han pagado a empresas vinculadas al crimen organizado son los municipios de Manta y de Durán. Solicitamos una entrevista con la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso pero declinó dar declaraciones por razones de seguridad.




