El sector agrícola, ya afectado por la falta de asociatividad y el difícil acceso al crédito, ahora enfrenta una sequía que impacta a más de 7.000 hectáreas de cultivos, poniendo en peligro al ganado y encareciendo los productos básicos.
Mientras la atención pública está centrada en el impacto de la sequía en el sector eléctrico y los posibles apagones, se desarrolla otra crisis menos visible pero igualmente grave, que afecta la alimentación, el empleo y la economía. La sequía, la más severa en seis décadas, no solo reduce los niveles de los embalses hidroeléctricos, sino que también agrava los problemas del sector agrícola.
Según el Ministerio de Agricultura, la falta de lluvias podría prolongarse hasta noviembre y ya ha afectado a unas 7.700 hectáreas de cultivos. En provincias como Tungurahua, la pérdida de cosechas debido a la escasez de lluvias, que ya dura más de tres meses, ha generado un incremento de precios. Cultivos como el de la papa han disminuido de 34.000 a 20.000 hectáreas en los últimos años. Además, más de 600 hectáreas de tomate han sido completamente afectadas, y otros cultivos como zanahorias, berenjenas y pimientos también han sufrido daños parciales.
Según el ingeniero agrónomo Sebastián Mena, la crisis en el sector agrícola se profundiza, afectando los ingresos de los pequeños productores, aumentando los precios y fomentando la migración. “La situación en el agro es tan crítica como la del sector eléctrico. Se están perdiendo empleos en uno de los sectores con mayor capacidad para generar crecimiento económico a futuro», afirmó.
En cuanto a la ganadería, la sequía ha disminuido los pastos en provincias como Guayas, Manabí y El Oro, lo que ha reducido la producción de leche en un 40%. Esto ha obligado a los ganaderos a gastar un 30% más en alimentación, lo que ha causado un aumento del 6% en el precio de los productos lácteos para agosto de 2024.
La falta de agua para riego agrava aún más la situación en el campo. Rodrigo Gómez De la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, señaló que los sistemas de riego en la Costa funcionan de manera limitada, mientras que en la Sierra, con excepción de proyectos puntuales como el de Cayambe-Pedro Moncayo, no se cuenta con una infraestructura adecuada. Además, recalcó la falta de educación en temas climáticos y la necesidad de mejorar el monitoreo de las fluctuaciones climáticas para anticipar problemas.
La sequía no solo afecta la producción, sino que exacerba problemas estructurales como la falta de asociatividad y el acceso limitado al crédito. En Ecuador, la mayor parte de la tierra está en manos de pequeños productores, lo que dificulta la implementación de proyectos cooperativos que podrían mejorar la producción y el acceso a financiamiento.
Lorena Zapata, ingeniera agrónoma, destacó que el modelo de crédito en el país no está alineado con las necesidades del sector. “Es necesario un sistema de crédito accesible y con seguros agrícolas que protejan a los productores ante eventos como la sequía”, señaló. Los créditos al 1% ofrecidos por el gobierno anterior no eran una solución efectiva, ya que el costo subsidiado recaía en la ciudadanía.
Para Gómez De la Torre, el Ministerio de Agricultura debería enfocarse en la investigación y el desarrollo de políticas que impulsen la producción, tanto para el mercado interno como para la exportación, en lugar de limitarse a la entrega de kits. También enfatizó la necesidad de una reforestación de cuencas hídricas, políticas fiscales más justas para los productores y una mejor supervisión en la distribución de créditos agrícolas.
