La presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, Mayra Bravo, ha llamado a juicio al exjuez de Chone, Joffre Rivera, por el presunto delito de prevaricato. Rivera podría enfrentar una pena de entre cinco y siete años de prisión por la emisión de boletas de excarcelación a personas privadas de la libertad, según la Fiscalía.
Rivera, quien fungió como juez de Garantías Penales en la Unidad Judicial de Chone, habría emitido siete boletas de excarcelación mediante acciones constitucionales, favoreciendo a presos en diferentes centros carcelarios. Dos de los beneficiados cumplían condenas máximas por delitos como asesinato, tráfico de migrantes y abuso sexual.
Intento fallido de detener el proceso
Previo a la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la defensa de Rivera solicitó a la jueza que se abstuviera de continuar con la causa. Sin embargo, tanto esa solicitud como una recusación presentada fueron rechazadas. La fiscal provincial Karla Vélez presentó 43 elementos de convicción para sustentar la acusación contra Rivera, logrando que se lo llame a juicio. Además, la presidenta de la Corte ratificó las medidas cautelares contra el exjuez, incluyendo prisión preventiva, prohibición de enajenar bienes y retención de cuentas.
Vinculación con el Caso Plaga
Joffre Rivera fue capturado en abril de 2024 durante los allanamientos ejecutados dentro del Caso Plaga, donde la Fiscalía lo ha acusado de presunta delincuencia organizada. El pasado 14 de agosto, Rivera rindió testimonio anticipado ante la Corte Nacional de Justicia, confirmando la concesión ilegal de medidas cautelares a personas privadas de libertad.
Entre 2022 y 2023, Rivera trabajó como juez en la Unidad de Garantías Penales de Chone y ahora es testigo protegido de la Fiscalía en el Caso Plaga. Durante su testimonio, Rivera reveló que en mayo de 2023 se reunió con Cristian Romero, abogado del fallecido narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en octubre de 2022. Esta reunión fue facilitada por el juez Marcos Iván M., presunto enlace con Lenin Vimos, otro abogado procesado en el Caso Plaga.
Además, Rivera intentó desvanecer un expediente disciplinario en su contra, relacionado con la liberación de dos sentenciados por tráfico de migrantes, acción en la que Vimos y Marcos Iván M. habrían estado involucrados.
