El presidente Daniel Noboa emitió un nuevo decreto que actualiza las reglas del conflicto armado interno y fortalece el marco legal para las operaciones contra los grupos armados organizados que operan en el país. La medida establece lineamientos para la actuación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, incorpora mecanismos de protección jurídica para los uniformados que participen en operaciones de seguridad y contempla la posibilidad de cooperación con personal extranjero autorizado por el Estado.
El decreto se enmarca en la estrategia gubernamental para enfrentar la violencia criminal y se apoya en las disposiciones de la Ley de Solidaridad Nacional, que creó un régimen especial para combatir a las estructuras delictivas consideradas una amenaza para la seguridad del Estado. Además, ratifica la continuidad de las acciones operativas contra los grupos armados organizados y busca reforzar las capacidades de respuesta de las instituciones de seguridad frente al crimen organizado. La decisión ha generado debate en distintos sectores por el alcance de las facultades otorgadas a las fuerzas del orden y por las implicaciones legales que podría tener la participación de actores extranjeros en este contexto.
