A casi una semana de los reportes iniciales, se confirmó el hallazgo sin vida de los 13 mineros secuestrados en Pataz, región La Libertad. Las víctimas fueron encontradas dentro de un socavón, en condiciones extremas, con signos de tortura y ejecución a quemarropa, según registros visuales que circularon en redes sociales.
Los fallecidos eran trabajadores contratados por la empresa R&R, que opera legalmente en la zona. Sus familias denunciaron que fueron informadas del hallazgo por compañeros de las víctimas y no por las autoridades. También aseguran que la Policía Nacional conocía la ubicación de los secuestrados, pero no actuó con prontitud.
Este crimen ocurre en medio de un conflicto territorial por el control de minas entre operadores legales y bandas criminales. La empresa minera Poderosa, que también ha sido blanco de ataques, confirmó que los fallecidos trabajaban en una concesión formal y exigió intervención urgente del Estado.
La situación ha generado indignación, especialmente luego de que el gobierno negara inicialmente la existencia del secuestro. El Ministerio del Interior anunció el despliegue de equipos especializados para capturar a los responsables de lo que ya se cataloga como una de las peores masacres recientes en zonas mineras del Perú.
Los cuerpos serán trasladados a la morgue central de Trujillo para su identificación oficial. La tragedia deja al descubierto el grave abandono estatal en territorios dominados por el crimen, y reabre el debate sobre la falta de seguridad en sectores estratégicos como la minería.
