El crimen organizado en Ecuador no se detiene, se adapta. Así lo advierten los informes técnicos que sustentan el estado de excepción decretado el 2 de abril de 2026, donde se señala que la reducción de la violencia no implica una solución de fondo, sino un desplazamiento estratégico de las economías ilícitas.
De acuerdo con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el toque de queda aplicado en marzo en provincias como Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas provocó un reacomodo de las estructuras criminales, que han migrado hacia zonas menos vigiladas, principalmente áreas rurales.
Este fenómeno también se refleja en el comportamiento de otras provincias. Manabí y Santa Elena, que no formaron parte del toque de queda nocturno, escalaron posiciones y se ubicaron como la segunda y tercera con mayor número de homicidios en lo que va de 2026, desplazando a territorios históricamente más violentos.
En cifras, el país registró una reducción de 2.407 muertes violentas en el primer trimestre de 2025 a 1.886 en el mismo periodo de 2026, lo que representa una baja del 21,6%. Sin embargo, los informes oficiales recalcan que esta disminución responde a una contención parcial y no a una mejora sostenida en la seguridad.
Las Fuerzas Armadas concluyen que el país enfrenta un proceso dinámico de reconfiguración criminal, donde las organizaciones buscan nuevas rutas y territorios para mantener sus operaciones, evidenciando que las medidas actuales, aunque efectivas a corto plazo, aún no logran desarticular de forma definitiva estas estructuras.
