Casi dos décadas luchando por justicia tras ser víctima de un presunto fraude de paternidad. Solo pide una prueba de ADN para confirmar que la joven inscrita como su hija no lleva su sangre.
El testimonio del oficial
Jorge Altamirano Rojas, de 66 años y oriundo de Ambato, contrajo matrimonio en 2005 con una mujer de Guayaquil. En 2007, ella abandonó el hogar en Quito alegando maltrato, cuando estaba embarazada de una niña nacida en diciembre de ese año, en el Hospital Naval. Cinco meses después, en mayo de 2008, la inscribió sola usando su cédula de casada, sin su presencia ni consentimiento, aprovechando que entonces no se exigía la de ambos padres. Altamirano descubrió indicios de infidelidad por amigas de la exesposa, quienes le recomendaron pruebas de ADN prenatales, pero ella se negó siempre.
18 órdenes judiciales ignoradas
Desde 2011, Altamirano inició procesos de impugnación de paternidad. Del 2011 al 2016, nueve citaciones a la Cruz Roja fallaron porque madre e hija no asistieron. En 2020 reinició el juicio (caso 09209-2020-02767), sumando ocho más hasta 2025, totalizando 17-18 órdenes judiciales incumplidas. Excusas incluyeron «ataques de pánico» tras contacto policial (con certificado de acupunturista), religión misteriosa que prohíbe extracciones de sangre y violación a la «identidad biológica». Un juez dictó en 2016 que no se podía comprobar paternidad sin ADN, pero el pago continuó; apelan la última sentencia.
El costo de la injusticia
Altamirano paga $1.500 mensuales (45% de su pensión de retiro), más décimos, totalizando unos $260.000 en 18 años, pese a no haber tenido contacto con la menor por pérdida de patria potestad vía fraude procesal en Durán (2019), donde mintieron sobre su domicilio. Demandó a la exesposa por daños morales y recuperación; ahora, con la joven cumpliendo 18 el 29/12/2025, el juicio pasa contra ella. Exesposa se dedica a bienes raíces; él sufre estrés que causó aborto a su actual pareja.
¿Fraude y fallas del sistema?
Altamirano denuncia contradicciones: alega procreación en matrimonio para ADN, pero huida por violencia para patria potestad. Familia de ella (padre exjuez, hermano abogado) influye, dice. Critica leyes que presumen paternidad por inscripción sin verificar ADN obligatorias al nacer, y desigualdad: a la tercera ausencia del padre se asume responsabilidad, pero no viceversa. Pide reforma para pruebas rutinarias y sanciones por desacato.
