La Asociación de Propietarios de Plantas de Beneficio de la Provincia de El Oro (Aproplasmin) anunció, en una decisión unánime de su Asamblea General, la paralización total de las actividades mineras bajo su jurisdicción en el distrito minero de la provincia. La medida es una acción de protesta directa contra la Resolución Ministerial MAE-MAE-2026-0005-RM, emitida por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, la cual el sector minero legal califica como una disposición que “carece de sustento técnico y jurídico”.
Según el pronunciamiento oficial de Aproplasmin, esta resolución ministerial genera una “grave afectación social y económica” para miles de familias en El Oro que dependen directa e indirectamente de la minería formal. El gremio argumenta que la medida fue adoptada sin una evaluación previa de su impacto y amenaza la estabilidad laboral de toda la cadena productiva ligada a la minería responsable en la región.
Como primera acción concreta de presión, Aproplasmin convocó a un plantón pacífico para el miércoles 4 de febrero de 2026, a partir de las 08:00, frente a las instalaciones de su sede en Portovelo. Al llamado se sumarán integrantes de la “familia minera legal” y todos los actores de la cadena productiva. Paralelamente, la asociación iniciará acciones legales ante las instancias judiciales correspondientes para defender, según su postura, los derechos de los trabajadores y empresarios del sector.
Dentro de su estrategia, el gremio también exigió un diálogo abierto y urgente con las autoridades competentes en materia de control minero, ambiental y de gobierno. El objetivo declarado es analizar la problemática generada por la resolución y “buscar soluciones viables” que concilien el marco regulatorio con la realidad socioeconómica de la provincia. La asociación se mantendrá en asamblea general permanente para articular acciones con otros actores de la minería legal.
Aproplasmin anunció que atenderá a los medios de comunicación para expresar públicamente su rechazo a la medida gubernamental y reiterar su exigencia de que, antes de aplicar disposiciones de carácter general, se realice una evaluación exhaustiva de las consecuencias. El conflicto pone en evidencia la tensión permanente entre las políticas de control ambiental y la actividad productiva en una de las zonas mineras más importantes del Ecuador, marcando un nuevo capítulo en el debate sobre la gobernanza y la sostenibilidad del sector minero nacional.
